El recurso especial en materia de contratación pública en España y en especial en la región de Andalucía: reflexión sobre su asimétrica y disfuncional planta. Relación con las garantías de los administrados y eficiencia de su funcionamiento

Resumen

La instauración del sistema de recursos especiales en materia de contratación pública previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 al Derecho de la Unión Europea, supuso afrontar la cuestión de la atribución de la competencia para su conocimiento y resolución. 
La solución adoptada por nuestro país fue la creación de un órgano administrativo especial dotado de independencia funcional “central”, habilitando a las Comunidades Autónomas para la creación de sus propios órganos, los cuales debían conocer de los recursos contractuales planteados en sus respectivos ámbitos territoriales, además de la posibilidad de su creación por determinadas entidades locales (diputaciones provinciales y ayuntamientos de gran población).