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Instituto Técnico de Compras Públicas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Apuntando a una nueva forma de contratar
Las contrataciones públicas, a lo largo y ancho de la geografía, son mecanismos clave para la satisfacción de las necesidades colectivas de la sociedad. En este contexto, pensar en el usuario o beneficiario final de los servicios públicos debe ser un elemento fundamental en cada etapa del proceso de contratación, desde la planificación hasta la ejecución. Este enfoque no solo mejora la eficiencia del gasto público, sino que también garantiza que los servicios entregados respondan a las expectativas y necesidades reales de la ciudadanía.
Derechos de autor 2024 Liz Maria Centurión Pachigua (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Regulación en España y Paraguay de las impugnaciones que se sustancien contra las bases de licitaciones de contratos públicos. La exigencia de la legitimación
Tanto la legislación española y como la paraguaya regulan la resolución de las impugnaciones que se sustancian en los procedimientos contractuales, atribuyendo su conocimiento a un órgano independiente y en lo que atañe a las denuncias de las bases de las licitaciones de los contratos públicos, se exige que quien efectúe la denuncia esté legitimado para que la misma sea admitida a trámite. En España estas cuestiones vienen reguladas en la Ley N.° 9/2017, de 8 de noviembre, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español, las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), y en Paraguay, en la Ley N.° 7021/2022, “De Suministros y Contrataciones Públicas” promulgada en diciembre del referido año (en adelante Ley N.° 7021/2022), aprobada con la finalidad de optimizar el sistema nacional de contrataciones públicas y crear un sistema nacional de suministro público, estando desarrollada dicha norma legal mediante el recién aprobado Decreto N.° 2264 de 1 de agosto de 2024. De acuerdo con la normativa apuntada se van examinan los puntos en común y las diferencias existentes en las respectivas regulaciones, de un lado, respecto de los recursos especiales en materia de contratación en España y, de otro, respecto de las denominadas protestas en Paraguay, que se promuevan contra las bases de una licitación pública en los términos apuntados.
Derechos de autor 2024 Esperanza Rios Marin (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
La compra pública como elemento tractor de la economia: necesidad vs. resiliencia
Hoy en día la compra pública se ha convertido en un factor de crecimiento inteligente, sostenible e integrador, en la medida sirve para estimular la competencia efectiva y de asegurar una mejor calidad y relación calidad precio cuando las autoridades públicas adquieran o contraten obras, servicios o bienes. Al mismo tiempo pretende incrementar la eficiencia en el gasto público y facilitar la participación y presentación de ofertas por parte de pequeñas y medianas empresas (PYMES). Todo ello sin olvidarse de posibilitar que los órganos de contratación puedan otorgar una mayor importancia a la calidad y a los aspectos medioambientales, sociales y a la innovación al llevar a cabo la adjudicación del contrato. Todo esto sirve para presentar una realidad que contempla a la compra pública como un elemento que debe servir como fuerza de empuje a cualquier economía nacional, no siendo posible que las Administraciones renuncien a este mecanismo aduciendo cualquier justificación peregrina.
Derechos de autor 2024 Daniel Terrón Santos (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
El recurso especial en materia de contratación pública en España y en especial en la región de Andalucía: reflexión sobre su asimétrica y disfuncional planta. Relación con las garantías de los administrados y eficiencia de su funcionamiento
La instauración del sistema de recursos especiales en materia de contratación pública previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 al Derecho de la Unión Europea, supuso afrontar la cuestión de la atribución de la competencia para su conocimiento y resolución. La solución adoptada por nuestro país fue la creación de un órgano administrativo especial dotado de independencia funcional “central”, habilitando a las Comunidades Autónomas para la creación de sus propios órganos, los cuales debían conocer de los recursos contractuales planteados en sus respectivos ámbitos territoriales, además de la posibilidad de su creación por determinadas entidades locales (diputaciones provinciales y ayuntamientos de gran población).
Derechos de autor 2024 Joaquín Barrón Tous (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Principales cambios del Decreto N.º 2264/2024 Que reglamenta la Ley N.° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”
En este artículo se pretende exponer los principales cambios incorporados en el nuevo Decreto Reglamentario N.º 2264/2024, clasificando según los temas tratados en el mismo, a fin de brindar como aporte para la identificación eficaz de las disposiciones legales vigentes en el marco de los procedimientos de contratación regidos por la nueva ley. Es menester aclarar al lector que el presente trabajo no pretende imponer ideas u opiniones personales sino más bien, esclarecer los criterios y concordar las disposiciones que rigen a una misma figura, en el marco del Decreto Reglamentario N.º 2264/2024.
Derechos de autor 2024 Andrea Pesoa Sánchez, Mariana Bergonzi Morales (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
El pliego de bases y condiciones como instrumento estratégico en la contratación pública
Inspirada en la Ley N.° 7021/2022, que consagra la evolución de la contratación pública desde un enfoque puramente procedimental hacia una visión integral de la cadena de suministro, esta propuesta redefine el papel del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), elevándolo a la categoría de instrumento estratégico con tres funciones esenciales. El PBC traduce la necesidad pública en términos técnicos, económicos y legales, presentándolo de manera clara y precisa al sector privado e invitándolo a ofertar; El PBC regula el intercambio entre las partes y es fuente del contrato, definiendo anticipadamente las obligaciones y derechos en la relación contractual. Esta reflexión sobre el PBC es especialmente relevante porque la tendencia será incorporar en las adquisiciones valor por dinero, incluyendo aspectos sociales, económicos y ambientales en la evaluación, lo que representa una oportunidad para aplicar políticas públicas y generar un impacto en el mercado y en la sociedad.
Derechos de autor 2024 Karina Maciel Estigarribia (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
El valor por dinero en nuestra normativa. Analizando el principio
El presente trabajo tiene por finalidad abordar las cuestiones concernientes al valor por dinero como nuevo principio rector de las compras públicas, analizando su alcance y las distintas posibilidades que ofrece, dando una perspectiva general de lo que representa su inclusión en el marco normativo.
Derechos de autor 2024 Alejandro Derlis Alfonso Rolon (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
La falta de regulación de las ofertas temerarias en la normativa de obras públicas en Paraguay
Las ofertas temerarias son una práctica común en las licitaciones para obras públicas cuyo efecto nocivo a la competencia no debería pasar desapercibo por sutilezas del ordenamiento jurídico local. Si bien, las ofertas temerarias no siempre encajan en la definición de “licitaciones colusorias”, lo grave es que el propio ordenamiento jurídico (en este caso el paraguayo) permite esta conducta, incentivando a los oferentes de mala fe a seguir con sus malas prácticas y disuadiendo a los oferentes de buena fe de participar en licitaciones con criterios de trasparencia. En esta investigación se detallará cómo la normativa paraguaya para contratos de obra pública ((i) ley de suministro y contrataciones públicas, (ii) ley de competencia (iii) con sus respectivos decretos reglamentarios y (iv) las resoluciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas) contiene una laguna respecto a las ofertas temerarias. Además, en este artículo se describirán algunas consideraciones de la doctrina en Derecho Comparado sobre el tema como guía para su regulación normativa. Además, no se debe olvidar que el efecto más directo y perjudicial de las ofertas temerarias en las contrataciones públicas es la pérdida de valor por dinero.
Derechos de autor 2024 Pedro Lacasa (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Nociones básicas sobre el régimen de los contratos administrativos
El ensayo analiza los contratos administrativos en el marco de la Ley Nº 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”. Se describen las principales características de estos contratos, resaltando cómo se diferencian de los contratos privados en términos de prerrogativas de la administración y su enfoque en el interés público. Asimismo, se destaca el papel del administrador de contrato, quien es fundamental para supervisar y asegurar el cumplimiento del contrato, gestionando riesgos y protegiendo los recursos estatales. La conclusión subraya la importancia de estos contratos para la transparencia y eficiencia en la gestión pública.
Derechos de autor 2024 Carlos Enrique Bazzano López (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Potestad de modificación unilateral en contrataciones públicas: un estudio del artículo 55° de la Ley N.° 2051/2003
El presente artículo académico se centrará en realizar un análisis sistemático y teleológico sobre las modificaciones contractuales bajo el amparo del interés público. Se intentará delimitar el alcance, límites y lineamientos que nuestro sistema normativo impone a la Administración a la hora de utilizar dicha Prerrogativa de la Administración. Por último, y fruto del análisis y por los fundamentos expuestos, realizare una breve critica académica a la interpretación sostenida en múltiples casos que se presentaron en el mercado de las compras públicas desde el año 2015 que sostenían que la modificación unilateral y por interés público es una herramienta a la que debe recurrirse para modificar un contrato cuando se busca traspasar los límites y condiciones legales fijados para las modificaciones ordinarias por acuerdo entre partes.
Derechos de autor 2024 Juan Angel Santacruz Ybarrola (Autor/a) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Consideraciones sobre los principios rectores de las contrataciones públicas: cambios y continuidades entre la Ley N.º 2051/2003 y la nueva Ley N.º 7021/2022
Este artículo analiza y compara los principios rectores de las contrataciones públicas en Paraguay, establecidos en la Ley N.º 2051/2003 y la Ley N.º 7021/2022. A través de un análisis comparativo, se identifican las mejoras introducidas por la nueva legislación y se evalúan sus impactos en la eficiencia, transparencia y responsabilidad de las contrataciones públicas. La Ley N.º 7021/2022 incorpora nuevos principios como la capacidad fiscal, la integridad y la sostenibilidad, y refuerza otros ya existentes, buscando modernizar y optimizar el sistema de suministro público.
Derechos de autor 2024 Juan Pablo Mendez Orue https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contratos Públicos y la Internacionalización de las Contrataciones Públicas
Las contrataciones públicas constituyen un tema amplio dada su trascendencia dentro de la economía de los países como instrumento de ejecución de las políticas públicas. Este artículo propone analizar y explorar desde un marco conceptual la caracterización de los denominados contratos administrativos y los principios generales que encaminan su perfeccionamiento y ejecución; y por la otra, comprender el rol de las compras públicas en el contexto de una economía globalizada. Para este último propósito se examina la literatura existente sobre la internacionalización de las compras gubernamentales, incluyendo el desarrollo del concepto de compras públicas y la revisión de los antecedentes bibliográficos que encararon investigaciones y postularon teorías que dan cuenta del camino transitado por las contrataciones gubernamentales hasta ganar un espacio trascendente en el escenario económico mundial, y el reconocimiento de principios generales fundamentales sobre los que se pueden construir la idea de internacionalización de la contratación pública, desde la perspectiva de la apertura de los mercados y la participación irrestricta de empresas extranjeras.
Derechos de autor 2023 Revista de Compras Públicas
La compra pública como vehículo catalizador para el desarrollo sostenible
En la última década, las contrataciones públicas han experimentado una evolución significativa al transformarse en un ámbito estratégico para potenciar un mayor valor público en el desarrollo humano y sostenible de los países. Esta nueva perspectiva no solo busca asegurar un acceso más equitativo a los derechos ciudadanos, sino también garantizar la justicia social, la cohesión y la seguridad democrática. Al implementar criterios que van más allá del menor precio, se posibilita la ejecución del gasto público con alta calidad, con el objetivo de obtener un valor superior por cada unidad invertida, considerando aspectos como la sostenibilidad y la innovación en la selección de la oferta.
Análisis de la aplicabilidad de la ley 7098/2023 “que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”, en los Procesos de Compras Públicas.
La Ley 7089/23 tiene como objetivo establecer un régimen para prevenir, corregir y sancionar conflictos de intereses en la Función Pública. Por otro lado, la Ley 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, establece los deberes de abstención de funcionarios públicos para evitar conflictos y un deber de información a los oferentes y contratistas. La Contraloría General de la República, en su calidad de ente de aplicación, ha reglamentado la Ley 7089/23 mediante Resolución CGR N° 1148/23 del 04/08/2023, conocida como “el Reglamento”. Este reglamento proporciona detalles adicionales sobre la implementación y aplicación práctica de la ley para prevenir y abordar conflictos de interés en la Función Pública
Las Personas Jurídicas y el Compliance Público como herramientas que mitiguen la corrupción. Una visión desde el ámbito de las contrataciones y el suministro público.
Como se sabe, la corrupción en nuestros días, se erige como un auténtico flagelo que afecta a toda la región, y que tiene consecuencias a nivel social, económico, político y jurídico, el presente trabajo será abordado, sobre todo, desde una perspectiva jurídico penal puesto que, de las prácticas corruptas surgen consecuencias, sobre todo, en el ámbito penal. La cuestión de los aspectos jurídicos de la lucha contra la corrupción puede ser abordada de diferentes maneras, en el presente trabajo se aborda desde el punto de vista del impacto económico de la misma, sobre todo en cuanto se refiere a cuestiones socioeconómicas como la competencia, el libre mercado, las contrataciones públicas o compras del Estado, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los programas de cumplimiento o compliance programs, tanto público como privado, entre otras
Implementación de medidas contra la corrupción en las Compras Públicas
Cuando hablamos de ¨Compras Públicas¨ en general, comúnmente nos embarcarnos a pensar únicamente en la labor relacionada a la facilitación de compras gubernamentales y hasta incluso, al elemento dinamizador de la economía que surge con motivo del trabajo coordinado entre instituciones convocantes y los órganos que regulan dichas compras estatales, dejando en un segundo plano, el rol como órgano de control que tienen las instituciones reguladoras del sistema de compras públicas de cada país.
Tres Temas Básicos de Contrataciones Públicas
En este artículo pretendo exponer algunos de los conceptos que, según mi opinión, son fundamentales para una gestión exitosa de las contrataciones públicas realizadas en el marco de la Ley Nº7021 De Suministros y Contrataciones Públicas y que muy a menudo son obviados o que no son debidamente considerados y ello provoca obstáculos innecesarios y desviaciones de la finalidad principal de la contratación pública. Por eso me enfocaré en este trabajo en tres temas básicos -de los muchos que hay- con la intención de esclarecerlos para aplicarlos con criterios predecibles y ellos son: (1) una propuesta de orden de precedencia de los principios rectores, (2) una distinción entre los denominados documentos sustanciales y formales de las ofertas y, (3) una aclaración de lo que es una desviación sustancial o significativa de la oferta respecto a las bases de la contratación.
Los Desafíos del Compliance en las Contrataciones y Compras Públicas del Estado Paraguayo
Este artículo describe la importancia del compliace en el sector público y específicamente su incidencia dentro de un área muy vulnerable a la corrupción como es la contratación pública dentro de Estado paraguayo. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por medio de la adopción de dos instrumentos claves como lo son la Política de Integridad y Compliance en el ámbito de las Compras Públicas y su correspondiente Plan de Acción para implementarla representan un paso fundamental en materia de transparencia y control y una interesante expansión del compliance que se abre del ámbito financiero a uno de los sectores claves de desarrollo del Paraguay
Tecnología y Sustentabilidad, el timón de la Compra Pública en esta nueva era
La compra pública tiene un papel clave en el fortalecimiento económico, la sostenibilidad ambiental y el bienestar social. Si nos detenemos a observar su evolución, podremos darnos cuenta no solo de la importancia de aplicar criterios sostenibles en los procesos de compra, sino también del impacto de la tecnología en la transformación digital de las entidades gubernamentales. Actualmente, somos testigos de cómo esta innovación ha facilitado la incorporación de tecnología en los procedimientos de contratación, fomentando prácticas competitivas y transparentes.
En la era digital, donde la información fluye a velocidades vertiginosas, las revistas especializadas se alzan como faros de conocimiento. Más que meros informadores, estos medios se erigen en cruciales canales de debate. En el ámbito de las compras públicas, nuestra revista se presenta como un espacio vital para construir diálogos significativos y reflexiones que puedan impactar directamente en la toma de decisiones.
Una propuesta de interpretación del Régimen de nulidades en la Ley De Contrataciones Públicas
Este artículo se presenta como el desarrollo de una idea, o más bien una preocupación, expuesta en un artículo previo publicado en la revista jurídica de la Abogacía del Tesoro, denominado: “Las líneas difusas del régimen de nulidades en el sistema de contrataciones públicas”1. Dicha preocupación surgió como consecuencia de la deficiente redacción de un texto legal tan importante como es el artículo en el que se establece las consecuencias para los actos que transgreden las disposiciones legales en materia de contrataciones públicas y también en la deficiente redacción de los posteriores artículos legales que establecen los mecanismos procesales que aseguren la intervención y actuación de la autoridad competente para determinar la existencia de una transgresión y aplicar la sanción correspondiente.
Desde la vigencia o puesta en funcionamiento de la Ley N° 2051/2003 “De las Contrataciones Públicas” de la República del Paraguay, y de acuerdo a los años pasados desde su implementación, hablaremos sobre impugnaciones y soluciones de diferendos, específicamente sobre las protestas, como es denominado en la mencionada ley.
Criterios de Evaluación en las Compras Públicas
El concepto del gasto público ha sido entendido por mucho tiempo como una mera operación administrativa a través de la cual el Estado realiza gastos para propiciar su funcionamiento y satisfacer las necesidades sociales de su responsabilidad. Sin embargo, este concepto ha ido evolucionando sobre todo en la última década hacia un concepto mucho más amplio que contempla al gasto público como una poderosa herramienta de política pública que los gobiernos utilizan no solo con el fin de promover el desarrollo económico a través de la canalización de los recursos y la dinamización de la economía, sino también, con el fin primordial de lograr el desarrollo económico sustentable con inclusión social.
La “oferta electrónica” como mecanismo de simplificación de trámites administrativos, transparencia, celeridad y eficiencia en la presentación y evaluación de ofertas. Consideraciones y propuesta.
Desde el año de promulgación de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas” la Autoridad Normativa ha propiciado la implementación de una serie de herramientas informáticas facilitadoras de los procesos de contratación, tanto para las convocantes en la gestión y publicación de sus procesos, así como para las empresas interesadas en proveer al Estado y finalmente para la ciudadanía en general para el acceso a información de carácter público.
La importancia de la inclusión de cláusulas sociales en los pliegos de bases y condiciones y contratos celebrados en el marco de la ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”
El sistema de Contratación Pública nos brinda una oportunidad única para desarrollar políticas sociales que pueden aportar una infinidad de beneficios a las personas que se encuentran excluidas de la sociedad y del campo laboral por algún tipo de discapacidad.
La contratación por vía de excepción en la Ley 2051/03
Hablar de licitación evoca en forma unánime la manera en que la administración pública formaliza sus compras o contratos. Sin embargo, los antecedentes de la licitación resultan puramente de índole civil, concepto que fuera tomado por la Ley Orgánica Administrativa de 1909 del Código Civil de Vélez Sarsfield. Así pues, originalmente la licitación resulta una subasta exclusiva para los herederos en los casos de partición de herencia, figura trasegada al art. 2535 inc. “e” de nuestro Código Civil.
Desafíos de la implementación del Valor por Dinero en Paraguay
Recordando mi paso por la Facultad de Economía, puedo decir que la premisa básica y fundamental es que mientras las necesidades son ilimitadas, los recursos disponibles para satisfacerlas son siempre escasos. Estas palabras, que siguen siendo bastante repetidas, tienen implicancias que responden aún más al ámbito público, por lo cual encontrar la manera de utilizar mejor los recursos públicos para satisfacer las demandas ciudadanas por bienes y servicios es uno de los mayores desafíos para la gestión pública.
Aplicación con matices de los principios del derecho penal al derecho administrativo sancionador: herramientas para resolver la inactividad de la administración
La aparición de órganos de control como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, con potestades para imponer sanciones a los particulares en el contexto de los procedimientos de contratación, da cuenta de la intervención estatal en la actividad económica con el fin de preservar el interés general y el respeto al régimen jurídico de compras públicas. Es indudable que dicha potestad sancionadora debe ser ejercida con sujeción a las leyes, pero el principal obstáculo que se presenta es la falta de normas tanto generales como particulares que establezcan claros límites a dicha potestad, sobre todo, ante su inactividad. Por ello es importante analizar de dónde proviene el poder para imponer sanciones administrativas, de modo tal de descubrir herramientas que permitan definir sus contornos, con el único fin de asegurarle a las personas el adecuado respeto a sus derechos, que constituye, en definitiva, la finalidad de todo procedimiento administrativo.
La certificación como requisito en los procesos de contratación
En la actualidad un mecanismo utilizado por la Administración para garantizar la calidad de los productos y/o servicios a ser adquiridos es el de solicitar certificaciones en los procesos de contratación. Dicho requisito ha causado mucho impacto en los últimos tiempos, lo cual se ve reflejado en las impugnaciones realizadas tanto contra las bases de la licitación, como contra los resultados de los mismos. Ante tal cuestión, hemos decidido abordar el tema mencionado.
La actuación de los órganos o entes públicos como eventos de “caso fortuito o fuerza mayor”, en materia de contratos administrativos.
La satisfacción de necesidades y servicios públicos es, tal vez, uno de los rasgos más distintivos de la actuación de la Administración Pública.