Aplicación con matices de los principios del derecho penal al derecho administrativo sancionador: herramientas para resolver la inactividad de la administración

Resumen

La aparición de órganos de control como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, con potestades para imponer sanciones a los particulares en el contexto de los procedimientos de contratación, da cuenta de la intervención estatal en la actividad económica con el fin de preservar el interés general y el respeto al régimen jurídico de compras públicas.
Es indudable que dicha potestad sancionadora debe ser ejercida con sujeción a las leyes, pero el principal obstáculo que se presenta es la falta de normas tanto generales como particulares que establezcan claros límites a dicha potestad, sobre todo, ante su inactividad. Por ello es importante analizar de dónde proviene el poder para imponer sanciones administrativas, de modo tal de descubrir herramientas que permitan definir sus contornos, con el único fin de asegurarle a las personas el adecuado respeto a sus derechos, que constituye, en definitiva, la finalidad de todo procedimiento administrativo.